Los 10 peligros de las patentes de software en la universidad

1: Cualquier programa razonablemente complejo infringe patentes de software, es un campo minado.

Si las patentes de software tuviesen validez y la idea y producto sea bueno, los propietarios de las otras patentes –las grandes corporaciones– las reclamarían.

2: Las negociaciones o propuestas que involucren transferencia o comercialización de tecnologías informáticas se complicarán considerablemente. Ya no será una negociación bilateral sobre el programa e ideas de una de ellas, sino también un estudio detallado –e infructuoso– de que no se infrinjan ideas anteriores que estén patentadas.

El peligro en una universidad es mucho mayor que la de una pequeña empresa. No hay mucho dinero que obtener de una empresa con presupuestos inferiores a pocos millones de euros anuales. Pero en el caso de universidades europeas el interés por demandarla será mayor, ya que sus presupuestos son superiores –unos 60.000.000 euros anuales en el caso de la UIB–: existen posibilidades ciertas de obtener un beneficio jugoso demandando a universidades. El coste mínimo de estas demandas es de 1.000.000 de euros, y lo peor es que cualquier profesor que desarrolle programas es susceptible de estar infringiendo varias sin siquiera sospecharlo.

3: La probabilidad de que una una universidad sea demandada por infringir patentes es mucho mayor que la de una pequeña empresa con recursos más limitados.

Esto obligaría a las universidades a ser muy cuidadosas y hacer auditorías los programas que desarrollan sus técnicos y profesores, lo que elevaría considerablemente el coste y burocracia para los proyectos de software.

4: Se incrementarán los costes y la burocracia en todos los proyectos que involucren desarrollo de software.

Las universidades, sobre todo las pequeñas, no pueden darse el lujo de correr el peligro de ser demandadas por infringir patentes imposibles de verificar con anterioridad.

5: La libertad de los investigadores se verán seriamente afectadas.

Aunque los problemas anteriores ya deberían ser suficientes para rechazar el sistema de patentes, hay otros que afectan más profundamente a la actividad investigadora.

Uno de los criterios para aceptar patentes es que no haya sido publicado previamente –o en excepciones tienen un año de gracia, como en USA–, lo que impediría que se puedan publicar los resultados parciales del proyecto. No sólo afecta a la propia carrera y prestigio de los investigadores, sino que es introducir una bomba armada y lista para explotar en los mismos cimientos de la comunidad científica.

6: Las patentes de software afectarán negativamente al desarrollo normal de la ciencia, sus sistema de publicación y revisión de pares se verá dinamitado.

No solamente habrá que ser cuidadosos de no publicar resultados que podrían invalidar el proceso de patente, sino también evitar la divulgación por otros canales: es decir asegurarse que los programadores, técnicos, becarios y alumnos (estos dos últimos son la “sangre fresca” imprescindible del sistema universitario y de investigación) tampoco lo hagan. Esto significa tener que cambiar todo el sistema legal de becas y agregar cláusulas de no divulgación para esos becarios, incluso para los alumnos colaboradores.

7: El sistema de patentes de software complicaría la participación de diferentes colectivos en los proyectos de investigación.

8: Se creará una discriminación entre los “que tienen acceso” a la información y “los que no”. Es un golpe bajo a la línea de flotación a los fundamentos de la existencia de la universidad publica.

La universidad tiene objetivos sociales muy precisos: generación, mantenimiento y divulgación del conocimiento. Los programas no requieren de grandes inversiones para implementar ideas complejas, lo puede hacer cualquiera con los conocimientos adecuados y muy pocos recursos. La discriminación será aún más notable e injustificada que en otros campos. La sociedad se preguntará por qué está financiando a un organismo que la excluye artificialmente del acceso al conocimiento y sólo pueden hacerlo una élite que ha firmado contratos de no divulgación.

9: Estaremos en una contradicción muy evidente –sangrante para algunos– entre los objetivos éticos, morales y legales de la universidad (Artículo 1). No retribuiremos con mayores ventajas a alumnos y ciudadanos que nos financian –todo lo contrario–, estaremos apoyando medidas que aumentarán la “brecha digital” en la propia sociedad, pequeñas empresas e incluso otros países menos desarrollados. Lo más probable es que a largo plazo la sociedad reaccione negativamente contra su universidad pública.

Si aún así creemos que las discriminaciones anteriores son necesarias para el desarrollo del software, siendo éste uno de los que menos inversión de infraestructura necesita en la comunidad científico/técnica, daremos la razón a algunos que están transmitiendo el mensaje (o globos sonda) de que la única forma de tener investigación de calidad es quitar la función de investigación a las universidades, dejarlas sólo como centros de formación profesional y mover las actividades de investigación a “centros de excelencia”.

10: Estaremos reconociendo que la única forma de investigación de calidad es mediante la restricción de acceso al conocimiento, o sea, la creación de élites. Es el argumento perfecto para aquellos que opinan que la investigación de calidad es imposible en la universidad pública.

Posiblemente me equivoque o sea pesimista en algunos puntos. Pero estoy seguro que como mínimo el tema debería ser debatido profundamente en nuestra comunidad, corresponde analizarlo desde una perspectiva global y no sólo como si todos fuésemos a ganar la lotería que nos permita conseguir un poco más de dinero para subsanar problemas de financiación concretos.

La solución no es tan compleja, tampoco es utópica o idealista.

La cantidad, calidad y sofisticación que ha alcanzado el software libre es una evidencia muy clara de que sí es posible desarrollar sistemas de software sin generar relaciones de propiedad discriminatorias del conocimiento. Sólo nos queda la [ardua] tarea de convencer a los responsables políticos y científicos de que, en consonancia con la mejor tradición científica, el conocimiento debe estar al alcance de todos, aunque haya que aumentar y cambiar un sistema de medición y valoración a veces perverso que premia más a la generación de restricciones y monopolios –las patentes– que a la propia divulgación del conocimiento generado.

No será fácil. También hay que convencer a los empresarios –su colaboración es imprescindible para mejorar la financiación– de que es responsabilidad de la universidad asegurar que se genere el conocimiento adecuado y dejar a las empresas que accedan a él libremente y sin restricciones para que compitan entre ellas para ofrecer el mejor servicio y a los precios más bajos a sus clientes.

Porque al fin y al cabo con el tema de patentes de software nos han transmitido el mensaje que el “control extremo” es bueno para la sociedad y que en la lotería no hay perdedores. Los científicos saben que eso es una falacia, también saben que hay atajos peligrosos.

Fuente: www.somoslibres.org